El Gobierno aprueba el anteproyecto de la LPI
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 22 de marzo el anteproyecto de modificación de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI). Ahora se abre un periodo de audiencia pública para que los sectores afectados presenten alegaciones y para recabar los informes de los organismos consultivos correspondientes: Consejo General del Poder Judicial, Consejo Fiscal, Consejo de Estado, Consejo General de Consumidores y Usuarios y las Comunidades Autónomas (Confederación de Educación y la Confederación de Cultura). El trámite puede durar entre 2 y 3 meses para después volver al Consejo de Ministros y ser aprobado de nuevo. El siguiente paso consiste en remitirlo al parlamento para su tramitación y aprobación final, algo que, si se cumplen los plazos y no hay ninguna sorpresa de última hora, podrÃa ocurrir a finales de año.
Teniendo en cuenta los resultados de la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI), y no solo sus resultados, sino lo que es peor, la extrema lentitud con que sus miembros han trabajado hasta ahora, la industria audiovisual desconfÃa que la Ley -vital para su salvación- alcance un resultado positivo al final de su andadura. No obstante, algunos de sus integrantes le dan un margen de confianza, teniendo en cuenta que todos se la juegan: tanto la industria como el Gobierno o el propio paÃs. Con la aprobación de la ley se protegerÃan los derechos de autor, y la industria cultural, tanto la fÃsica como la de internet, podrÃa convertirse en "motor de oportunidades, de crecimiento y de negocio para quienes decidan invertir en ella", haciendo bueno ese lema con que se rotulaba un encuentro de profesionales del que hablamos en nuestro presente número.
Tmv se ha puesto en contacto con diversos sectores de la industria audiovisual y, a voz de pronto, su primera impresión ha sido de escepticismo. Lo podrÃamos resumir asÃ: "Puede que sea una buena ley, pero tiene un dificil camino por delante. ¿Existe voluntad por parte del Gobierno de que la CPI funcione? Ahà reside la clave de su éxito". Al Director General de FAP, José Manuel Tourné, le parece difÃcil que "Con este texto y estas medidas, realmente, vaya a mejorar la eficacia de la CPI; sin embargo siempre hay que darle la oportunidad al Gobierno de que no se equivoca".
"Nos preocupa, en primer lugar -sigue diciéndonos-, que la persecución de los enlaces se haga de forma subsidiaria; nos preocupa también que se decrete la caducidad por el paso del plazo sin hacer nada, cuando realmente uno de los graves problemas de la sección segunda de la CPI, es la lentitud con la que han trabajado. En tercer lugar, igualmente nos preocupa que las medidas de cierre y bloqueo se queden como herramientas del último recurso, relegadas a una actividad probatoria, de reincidencia o de demasiadas cosas, todo lo cual es poco compatible con la velocidad con que se desarrolla en internet. No obstante, confiamos en la buena voluntad del Gobierno y confiamos en poder ayudarlo con nuestra aportación en ese plazo consultivo que se abre, para mejorar el texto y las medidas".
Uno de los párrafos de la LPI contempla que se podrá actuar contra las empresas que ofrezcan publicidad en las webs piratas. Además, irán acompañados de importantes multas de una cuantÃa no inferior a 30.000€ para quienes infrigan la ley de una manera leve, y de 300.000 para quienes lo hagan con especial daño. Aquà estarÃan ubicados los reincidentes que se hayan negado a retirar los contenidos ilÃcitos cuando lo haya ordenado la CPI.
Como decÃamos anteriormente, los profesionales de la industria dudan a priori de que esto se vaya a cumplir, sobre todo con los precedentes del último año, en el que la CPI ha resuelto solamente 30 casos de los centenares que los sectores implicados le habÃan presentado. "Su aplicación ha sido nefasta -nos dice un miembro de La Coalición-; realmente se ha aplicado muy mal: con lentitud, con miedo y recelo". Un profesional de la industria videográfica es más benevolente: "El Gobierno está dando una de cal y otra de arena, aunque nunca se ha quedado parado ni enrocado. Ahora, con este nuevo paso, hay que darle la oportunidad de que mejore lo que ha hecho hasta ahora".
"Pero las oportunidades se están acabando -asegura el responsable de una compañÃa videográfica-, ya que cada vez quedan menos empresas, menos comercios y menos industria. Este y los anteriores gobiernos están jugando con los intereses, el empleo y la generación de riqueza de un sector de la Cultura española muy importante. Si fracasa, en su debe tendrá que apuntarse el cierre de muchos negocios y el empobrecimiento de la industria audiovisual".
Teniendo en cuenta los resultados de la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI), y no solo sus resultados, sino lo que es peor, la extrema lentitud con que sus miembros han trabajado hasta ahora, la industria audiovisual desconfÃa que la Ley -vital para su salvación- alcance un resultado positivo al final de su andadura. No obstante, algunos de sus integrantes le dan un margen de confianza, teniendo en cuenta que todos se la juegan: tanto la industria como el Gobierno o el propio paÃs. Con la aprobación de la ley se protegerÃan los derechos de autor, y la industria cultural, tanto la fÃsica como la de internet, podrÃa convertirse en "motor de oportunidades, de crecimiento y de negocio para quienes decidan invertir en ella", haciendo bueno ese lema con que se rotulaba un encuentro de profesionales del que hablamos en nuestro presente número.
Tmv se ha puesto en contacto con diversos sectores de la industria audiovisual y, a voz de pronto, su primera impresión ha sido de escepticismo. Lo podrÃamos resumir asÃ: "Puede que sea una buena ley, pero tiene un dificil camino por delante. ¿Existe voluntad por parte del Gobierno de que la CPI funcione? Ahà reside la clave de su éxito". Al Director General de FAP, José Manuel Tourné, le parece difÃcil que "Con este texto y estas medidas, realmente, vaya a mejorar la eficacia de la CPI; sin embargo siempre hay que darle la oportunidad al Gobierno de que no se equivoca".
"Nos preocupa, en primer lugar -sigue diciéndonos-, que la persecución de los enlaces se haga de forma subsidiaria; nos preocupa también que se decrete la caducidad por el paso del plazo sin hacer nada, cuando realmente uno de los graves problemas de la sección segunda de la CPI, es la lentitud con la que han trabajado. En tercer lugar, igualmente nos preocupa que las medidas de cierre y bloqueo se queden como herramientas del último recurso, relegadas a una actividad probatoria, de reincidencia o de demasiadas cosas, todo lo cual es poco compatible con la velocidad con que se desarrolla en internet. No obstante, confiamos en la buena voluntad del Gobierno y confiamos en poder ayudarlo con nuestra aportación en ese plazo consultivo que se abre, para mejorar el texto y las medidas".
Uno de los párrafos de la LPI contempla que se podrá actuar contra las empresas que ofrezcan publicidad en las webs piratas. Además, irán acompañados de importantes multas de una cuantÃa no inferior a 30.000€ para quienes infrigan la ley de una manera leve, y de 300.000 para quienes lo hagan con especial daño. Aquà estarÃan ubicados los reincidentes que se hayan negado a retirar los contenidos ilÃcitos cuando lo haya ordenado la CPI.
Como decÃamos anteriormente, los profesionales de la industria dudan a priori de que esto se vaya a cumplir, sobre todo con los precedentes del último año, en el que la CPI ha resuelto solamente 30 casos de los centenares que los sectores implicados le habÃan presentado. "Su aplicación ha sido nefasta -nos dice un miembro de La Coalición-; realmente se ha aplicado muy mal: con lentitud, con miedo y recelo". Un profesional de la industria videográfica es más benevolente: "El Gobierno está dando una de cal y otra de arena, aunque nunca se ha quedado parado ni enrocado. Ahora, con este nuevo paso, hay que darle la oportunidad de que mejore lo que ha hecho hasta ahora".
"Pero las oportunidades se están acabando -asegura el responsable de una compañÃa videográfica-, ya que cada vez quedan menos empresas, menos comercios y menos industria. Este y los anteriores gobiernos están jugando con los intereses, el empleo y la generación de riqueza de un sector de la Cultura española muy importante. Si fracasa, en su debe tendrá que apuntarse el cierre de muchos negocios y el empobrecimiento de la industria audiovisual".