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Megaupload había puesto de moda ese término tan usado ahora por los internautas (que la mayoría de los humanos desconocen) llamado "la Nube", y que no es otra cosa que un servicio de almacenamiento de ficheros que permite subir o bajar desde internet archivos de todo tipo. Un servicio que se ofrecía a los que pagaban o no: según la cuota ingresada, el usuario de Megaupload podía tener mayor o menor capacidad de almacenamiento, y por un precio de unos 22 € al trimestre, el internauta podía guardar sus archivos en el servidor de Megaupload, aligerando así el peso del suyo. No tenía límite de descarga, ni de almacenamiento y, además, otros usuarios, con su autorización -los que dispusieran de la contraseña-, podían entrar en el archivo y descargárselo o, incluso, subir nuevos archivos (de amigos, conocidos o simples interesados en el sitio).



Megaupload aseguraba que no conocía lo que los usuarios almacenaban en su "nubes", y que era responsabilidad de ellos lo que guardaran o intercambiaran. Así, se presentaba "Como un inocente servicio de almacenaje de archivos en la nube -decía en su blog Ignacio Escolar-. La mayoría de los que pagaban por sus cuentas premium no lo hacían para guardar sus ficheros (hay otros servicios similares que son gratis), sino para ver películas y descargar archivos pirateados. Es cínico defender a Megaupload como si fuese un inocente servicio de almacenaje de archivos en la nube".

Así lo vio también el FBI y el Departamento de Justicia norteamericano. El 19 de enero, en lo que éste definía como la mayor operación del género contra la piratería en internet en Estados Unidos, clausuraba los siete administradores de las empresas Megaupload Limited y de su filial Vestor Limited, así como las webs asociadas de alojamiento de contenidos, exactamente 18 dominios administrados: HDmegaporn.com, Megastuff.com, Megaworld.com, Megaclicks.co, Megaclicks.org, Megaworld.mobi, Megavideoclips.com, Megastuff.org, Megastuff.info, Megaclick.us, Mageclick.com, Megavkdeo.com, Megaupload.com, Megaupload.org, Megarotic.com, Megaclick.com, Megavideo.com, y Megaporn.com).

Además cursaba una orden de detención internacional contra los propietarios, pues varios de ellos no se encontraban en esos momentos en Estados Unidos. Su residencia la habían situado en Nueva Zelanda, donde vivían a lo grande. Aquí fueron apresados los principales cabecillas, entre ellos Kim Dotcom, alias con el que se conocía a Schmitz. El Fiscal General de Estados Unidos los acusaba de "Formar una red criminal con el fin de enriquecerse con la distribución de productos protegidos por las leyes de propiedad intelectual, sin tener autorización para ello".
Esa orden, como decimos fue ipso facto cumplida por un juez neozelandés, que mandaba a la policía a detener a cuatro de los cabecillas imputado: además de Schmitz, los también alemanes Finn Batato y Mathias Ortmann y el holandés Bram van der Kolk. A la hora del cierre de nuestra edición, el principal accionista de Megaupload seguía comiendo el rancho de la prisión. Los otros tres habían salido bajo fianza.

Al mismo tiempo que se producían los arrestos, las autoridades neozelandesas incautaban bienes de la empresa por un montante, según el auto de la demanda, de 156 millones de euros, e intervenían 58 cuentas bancarias activas en todo el mundo (Filipinas, Shanghai, Holanda, Hong Kong, Alemania...). "A ellas -según informaciones recogidas por "El Mundo"- había que sumar cuatro cuentas de PayPal que, según el auto, se utilizaban para pagar a los usuarios más activos en Megaupload, y dos más de Moneybookers, un servicio utilizado para realizar, sobre todo, transferencias con cantidades pequeñas o medias".

El mazazo contra Megaupload dejaba sin aliento a la mayoría de empresas prestadoras de servicios de almacenamiento de archivos del sector internaútico mundial. Muchas se desmarcaban inmediatamente de ella, declarando que cumplían con la ley y no servían de enlace para descargar ningún tipo de archivo ilegal. Otras, que sí servían (algunas españolas, entre ellas varias pendientes de sentencias judiciales o a punto de ser denunciadas cuando la normativa aprobada hace un mes por el consejo de ministros contra la piratería en internet se ponga en marcha a partir del 1 de marzo), emitían comunicados cargándole el "mochuelo" a Megaupload.

La conexión española más relevante eran Burn Media S.L y Comvive Servidores S.L., empresas situadas respectivamente en Barajas (Madrid) y Sevilla, propietarias del dominio Seriesyonkis.com (el sitio más visitado para descargarse las series de más éxito de televisión, parte de cuyos contenidos -ilegales- estaban alojados en Megaupload). Precisamente, el 28 de enero Nielsen Oniline informaba que la serie "The Walking Dead", distribuida por Avalom en televisión, fue la más pirateada durante 2011 en nuestro país, y que las descargas se habían efectuado desde Seriesyonkis.com.

La caída de Megaupload tenía un efecto muy positivo para el mercado cinematográfico y videográfico mundial. Tanto en Estados Unidos, como en otros muchos países (entre ellos España), se producía una subida de la demanda de entradas para ir a los cines. En Estados Unidos, en comparación con la misma semana de 2011, el crecimiento era de un 33%. En España también se notaba el cierre del servidor pirata. Medios cinematográficos españoles lo cifraban en más de un 10%. Un exhibidor, propietario de una de las cadenas de cines más importantes del país, nos reconocía que en sus salas habían aumentado los espectadores, en relación con igual fecha del año pasado, un 17%.

"Para mí -nos decía este mismo exhibidor- la mejor noticia relacionada con el cierre de Megaupload, es que por fin las grandes productoras de Hollywood han dicho, hasta aquí hemos llegado. No podemos seguir estando a expensas de los piratas, perdiendo dinero a espuertas. El cierre de este sitio desmiente también a quienes vienen pregonando en los medios de comunicación que si no hacemos más negocio es porque nos hemos quedado viejos. Ahí tienes la prueba, unos días después del cierre de Megaupload, crece el número de espectadores, y veremos cómo seguirá creciendo en las próximas semanas".

Y junto al cine, el vídeo doméstico, el físico. Nuestra revista ha detectado una alegría en el canal del alquiler, donde se ha notado igualmente el cierre de la empresa de Kim Dotcom. El crecimiento de alquileres, hechos en esa "semana fantástica" del cierre de Megaupload, supera el 10%, igualmente comparada con la misma semana del 2011. Un videoclub nos contaba que se había quedado sorprendido al ver que volvían a su tienda clientes que hacía más de un año que no alquilaban. "Y han vuelto porque no han podido descargarse nada desde Megaupload desde servidores relacionados. Además, se quedaban sorprendidos al saber el precio asequible del alquiler". Esa sorpresa se la han llevado también los usuarios que han entrado por primera vez a plataformas legales digitales, que han visto crecer el número de clientes, en un porcentaje similar a los anteriores. Ahora resulta que no es tan caro hacer las cosas como Dios manda.

Los internautas, en efecto, tras el sobresalto, además de iniciar una vuelta (todavía tímida, pero vuelta al fin y al cabo) a los cines, videoclubs y plataformas digitales de pago, han iniciado la búsqueda de webs que les ofrezcan garantías para realizar sus intercambios y almacenamientos de información. Lo mismo que Megaupload, internet ofrece otras direcciones con la disyuntiva de pago o gratuitas. Si se elige ésta última modalidad, se dispone de más almacenamiento, más velocidad y más atención de la web. En realidad, todas las alternativas ofrecen un servicio gratuito y de pago. Es el caso de YouSendIt, Dropbox, GoogleDocs, RapidShare, iCloud o MediaFire, entre otros muchos. Lo mismo que la industria audiovisual, también estas web legales han advertido un crecimiento de usuarios tras el cierre de Megaupload.

Y no es de extrañar, porque la empresa que precintaba el FBI y el Ministerio Fiscal estadounidense daba servicio a 180 millones de usuarios registrados en todo el mundo. Y fue a raíz de la investigación sobre uno de ellos, el neoyorquino de origen hispano Gilberto Sánchez, que había subido en marzo de 2009 a Megaupload una copia incompleta de la película de la Fox "X Men los orígenes: Lobezno" (dos meses antes de que se estrenara), cuando el FBI tomó cartas en el asunto.

Tras el interrogatorio de Sánchez, descubrió que Megaupload ofrecía dinero a los usuarios que subían material "caliente" (el más buscado en internet, lógicamente películas y música) y lo ponían a disposición del resto de los usuarios para que se lo pudieran descargar. Megaupload, lejos de censurar estas prácticas, las animaba pagando considerables sumas de dinero a los internautas que disponían de dicho material. El FBI descubrió correos electrónicos de los dirigentes del sitio intervenido donde se justificaba las prácticas delictivas, y las motivaban para ganar más dinero. Lo que conseguían generando un mayor número de tráfico cobrado y un mayor paquete publicitario.

¿Cómo se les ocurrió ese modelo de negocio?, se pregunta El Mundo en una análisis sobre la empresa de Schmitz. "Una opción posible -dice- es que, como Dropbox, quisieran dar un servicio para compartir archivos de mucho peso entre usuarios, pero eso no explicaría la dimensión pública de los links de descarga. No. Megaupload nace como un mecanismo para convertir en dinero lo que se estaba dando de por sí en las redes P2P a través de una cooperación sin ánimo de lucro. Es decir, Megaupload se aprovecha de la riqueza de cooperación y producción social distribuida, y la orienta a un solo lugar: la precariza".

"En definitiva -concluye-, Megaupload sustituye la cooperación social por beneficio privado (muy lucrativo) sin retorno para nadie. No son filántropos, no son tiernos defensores de la cultura libre, son una empresa, en el peor sentido de esta palabra. La definición del "free rider" que aprovecha las cuencas de cooperación social para privatizarlas en su propio beneficio".

Y en su propio beneficio utilizaba los 1.000 servidores de Carpathia Hosting, una empresa con sede en la localidad de Dulles, (Virginia), en los que Megaupload disponía de una "nube" gigantesca de alojamiento: más de 25 millones de gigabytes. Esta empresa fue investigada por las autoridades norteamericanas y en su registro también encontraron (según el auto de los fiscales): "Documentos protegidos por los derechos de autor, pornografía infantil y vídeos de propaganda terrorista".

Es decir, que en Megaupload ponían el huevo toda la escoria del mundo: desde los piratas más recalcitrantes hasta los terroristas. Y de este tráfico de delincuentes se beneficiaban Kim Schmitz, Bram Van der Kolk, Mathias Ortmann (quien señalaba en un correo-e intervenido: "No somos piratas, sólo ofrecemos el barco a los piratas"), Sven Echternach, Finn Batato, Julius Bencko y Andrus Nomm, todos los integrantes de esta "Banda criminal", como la calificaban las autoridades norteamericanas.

Lo bueno de esta redada es que, por un lado, ha dejado sin sonrisa a quienes se habían alegrado por la retirada (momentánea) de la SOPA del Congreso estadounidense, y por otro, lograr que el problema de la piratería se haya convertido, a lo largo del mes de enero pasado, en uno de los temas estrella de los medios de comunicación de todo el mundo. Y lo seguirá siendo en los próximos meses. Pero ya con otros matices, con otros puntos de vista. Nunca habíamos visto un número tan elevado de opiniones (de todas las cualidades y calidades) a favor de la legalidad, de la regularización de los derechos de autor en internet.

"La gente ha comenzado a entender estos días -nos dice José Manuel Tourné, Presidente de la Coalición de Creadores y responsable de FAP- que hay que pagar por ver las películas, por escuchar las canciones o por leer libros. Megaupload ha mostrado al mundo que de esa libertad de internet y esa gratuidad genérica propagada por gente como ellos, se derivaba un lucro personal de proporciones gigantescas".

¿Y ahora qué? Ahora, si se quiere disfrutar del mejor ocio de manera legal, a pagar como cualquier ciudadano que compra una película, un disco o un libro en una tienda; o que compra cualquier otro producto. "El gran número de abonados de Megaupload -escribe Ignacio Escolar en su blog- demuestra que es falso que en Internet triunfe el "todo gratis". Además de lo que ya cuesta un ADSL, la gente está dispuesta a pagar por los contenidos si el precio es razonable. Ya pasa con la música, con aplicaciones como Spotify. O con los videojuegos, con plataformas como Steam. ¿A qué espera el cine para ofrecer un servicio similar?".

A que la gente que se descargaba o aun se descarga gratuitamente desde las webs piratas que quedan (y en España hay más que en ningún otro país del mundo) se informe y descubra que por precios razonables ya se pueden alquilar (descargar) películas desde plataformas digitales legales. Es un buen momento para cerrar definitivamente este capítulo vergonzoso de nuestra historia reciente, en la que casi todos los consumidores de productos culturales que justificaban, por diversas razones, el "todo gratis", se vuelvan consumidores legales. Gracias a ellos crecerá una industria diezmada por los piratas, que creará muchos puestos de trabajo (lo contrario de lo que hacían y todavía hacen los delincuentes que se comportan como Megaupload).

Al cierre de nuestra revista, todavía sucedían otras buenas noticias. Como la firma por parte de nuestro país del polémico tratado Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA). El anterior gobierno socialista no había querido ratificarlo, algo que ha hecho el actual, junto a 22 países más de la Unión Europea. El tratado, que fue firmado en Japón el pasado 26 de enero, pone las bases para combatir con normas más eficaces el tráfico y violación de archivos protegidos por derechos de autor.

Además de los 22 miembros de la UE, también lo han ratificado Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón, entre otros países. Algunos miembros de la UE, como Holanda, Estonia, Eslovaquia, Alemania y Chipre estaban pendientes de firmarlo a falta de encajarlo en normativas propias. Éstas deberían aprobarse antes del mes de junio, fecha en que tiene previsto ratificarlo el Parlamento Europeo.

Los proveedores de internet son los mayores perjudicados, ya que el ACTA puede sancionarles si se demostrase que favorecen la piratería como práctica comercial. Entiéndase, se trata de piratería en internet, aunque el ACTA no hace mención a esa palabra, y prefiere usar "entornos digitales". Sin embargo, las sanciones (no solo económicas sino penales) son claras, aunque cada país podrá decidir cómo las hace efectivas. La UE ha asegurado que, en todos los casos, las tramitará siempre por vía judicial.

Ante las acusaciones de censura y falta de libertad en la red que las asociaciones de internautas han adjudicado a la normativa del ACTA, John Clancy, portavoz del comisario de Comercio Karel de Gucht, ha dicho que "No restringe la libertad de Internet ni propone la censura de webs. El tratado quiere garantizar que las organizaciones criminales sean perseguidas cuando roban la propiedad intelectual, dañando la innovación y destruyendo empleo".

Como ven, enero ha sido un mes movidito en buenas noticias para nuestra industria. Y, creemos, que no han hecho nada más que empezar (las buenas noticias, claro).

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