Acoso a la piratería de internet en todo el mundo
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Lo han detenido como si se tratara de un peligroso jefe del cártel de la droga. Seguramente que Hollywood ya prepara la película sobre los hechos, porque el argumento es de esos que te pegan a la butaca. Este Kim Schmitz era el mayor accionista de la empresa Megaupload, una web visitada por millones de clientes diariamente para, entre otras cosas, guardar en sus servidores material audiovisual sustraído en diversas partes del mundo y, después, ponerlo a la venta o en distribución gratuita por medio de descargas "streaming"; web patrocinada, además, por paquetes publicitarios, pertenecientes a empresas muy serias, que le generaban cuantiosos ingresos.
Megaupload no estaba sola. Era algo así como una muñeca rusa que al ir abriéndola, capa por capa, aparecían nuevas muñecas que envolvían a otras. Y dentro había de todo: películas, música, videojuegos, libros, programas informáticos, pornografía... Y en la mayoría de los casos, sin la autorización de sus dueños. Tras la redada del FBI, los demás "malos" de internet se han puesto a temblar. Pues los palos apuntan a diversos países y continentes (entre ellos el nuestro, y a España en particular).
Lo más impactante, sin embargo, es que esta actuación policial se producía tras la supuesta retirada de "manera definitiva" de la SOPA (Stop Online Piracy Act), una normativa de defensa de los derechos de autor propuesta por el congresista republicano Lamar S. Smith, y arropada por una coalición de congresistas demócratas y republicanos, como el demócrata Patrick Leahey, el independiente Joe Lieberman, el republicano y candidato a las presidenciales de 2008 John McCain, o el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid. Todos ellos en apoyo de la Motion Picture Association of America (MPAA), es decir Hollywood y de la Recording Industry American Association (RIAA), que agrupa a las grandes discográficas y unas 160 empresas más relacionadas con ellas.
La Casa Blanca ha mostrado una postura ambigua, señalando que no estaba de acuerdo del todo con la versión propuesta por el congresista Smith, pero que no se podía tolerar el daño que estaba ocasionando la piratería a la industria del entretenimiento. Daño que la MPAA cifra en unos 48.000 millones de € anuales. Y que la United States Chamber of Commerce cuantifica en 19 millones de puestos de trabajo pendientes de perderse en Estados Unidos, entre este año y el próximo.
El proyecto, que se iba a votar en la Cámara de Representantes estadounidense el pasado 24 de enero, fue retirada in extremis para lograr un consenso entre quienes se sentían perjudicados por sus consecuencias, es decir las empresas prestadoras de servicio. Esta retirada fue presentada por muchos medios de comunicación como permanente y como un fracaso de Smith. Pero la realidad es otra: la SOPA no solo no se retiraba, sino que el propio senador aseguraba que "Se estaba consensuando con quienes se sentían perjudicados y que se volvería a presentar para su votación en un plazo breve".
¿Quiénes son los perjudicados? En principio todas las webs englobadas en Netcoalition.com, una coalición de ciberempresas donde se encuentran, entre otras, Google, Yahoo, Twitter, Facebook, PayPal, AOL, Amazon, Mozilla, Foursquare, Wikipedia, eBay, IAC, LinkedIn, OpenDNS, Flickr y Zynga. Su presidente, Markham Erickson, amenazaba con un apagón digital en Estados Unidos si la SOPA se aprobaba, lo que ocurrió en algunos casos (como los de los portales Reddit, que se oscurecía el 17 de enero, y Wikipedia, un día después).
A favor de la postura defendida por Netcoalition.com, se encontraban diputados republicanos como Jim DeMint o Marco Rubio, inicialmente defensor de la normativa Smith. ("Me preocupa el impacto que la ley puede tener en el acceso a Internet y sobre la poco razonable expansión del poder del gobierno federal"). Y junto a él, la republicana Michelle Bachman, la demócrata Nancy Pelosi o el aspirante presidencial republicano Ron Paul, Los defensores de la SOPA aseguran que "Lo que pretenden es bloquear las webs piratas que existen en el mundo, entre ellas las españolas, chinas y suecas. Para ello obliga a servidores, anunciantes, redes sociales o buscadores a bloquear las webs, e incluso borrar sus direcciones".
En España se ha querido comparar a la SOPA (nombre con la que se le conoce en la Cámara de Representantes, mientras que en el Senado se le ha bautizado con el de PIPA (Protect IP Act) con la Ley Sinde, cosa que no le parece adecuado al presidente de la Coalición de Creadores y responsable de FAP, José Manuel Tourné: "Se la está comparando -nos dice-, con el ánimo de desacreditar nuestra legislación, pero no tiene nada que ver con ella. La nuestra supone un pasito mucho más asimilable a la DMCA (Digital Millenium Copyright Act), una normativa antipiratería aprobada en Estados Unidos en 1999, y a algunas de las legislaciones que ya están en marcha en el resto de los países europeos".
"La legislación que ahora pretende aprobarse con el nombre de SOPA -sigue diciéndonos-, va varios pasos más allá. Primero, otorga más competencias al Departamento de Justicia para que, si hay páginas fuera de USA que vulneran la Ley de Propiedad Intelectual de titulares de derecho estadounidenses, se pueda dirigir a los medios de pago y a los denunciantes para que suspendan su actividad con ellos. Puede interferir, incluso, sus cuentas bancarias. Lo que hace la Ley Sinde española, esencialmente, es corregir el agujero que teníamos en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información en cuanto a la responsabilidad de los prestadores de servicios. Pero nada más".
Tourné se rebela ante el hecho de que los prestadores de servicio se escaqueen. Y afirma: "Los prestadores de servicios de internet en todo el mundo deben actuar en defensa de la legalidad y tienen la obligación, cuando poseen un conocimiento efectivo de que hay una infracción, de impedir el acceso a la página o de desalojarla en su caso".
En España no es así, porque la ley existente hasta ahora, se supeditaba a que hubiera una autoridad competente que estableciera que ese contenido era ilícito. Lo que aporta la normativa que ha aprobado el gobierno del PP (y que se sigue llamando incorrectamente Ley Sinde) es crear la autoridad competente y, a partir de ahí, que la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual se pronuncie sobre si un contenido es ilegal o no, y que sus propietarios puedan tener responsabilidad penal.
Nada pues que ver con la SOPA, salvo, quizá, en que los prestadores de servicio de telecomunicación puedan ser requeridos para bloquear el acceso a una página pirata. Pero en el caso español, solo podría producirse dentro del país (como ocurre con la DMCA, gracias a la cual las páginas piratas que están alojadas en Estados Unidos son perseguida con normalidad), mientras que con la SOPA las autoridades pueden obligar a las empresas prestadoras de servicio de su país que impidan el acceso a sus conciudadanos a las páginas que estén fuera de sus fronteras.
Es una parte de la Ley. Pero hay otras muchas medidas que son las que han levantado la mayor parte de la polémica, como por ejemplo el dirigirse a los medios de pago en internet o a los anunciantes para que dejen de insertar publicidad en estos sitios e, incluso, incurrir en responsabilidades al que ampare con esa publicidad páginas de contenidos piratas. Esto es lo que ha provocado, realmente, ese enorme revuelo, pues ello supone dejar de ingresar mucho dinero.
Otro punto polémico es el referente al control de los DNS (Domain Name System), actualmente en manos de los prestadores de servicio. Los DNS son programas que traducen, en términos alfa-núméricos, las páginas a las que se quiere acceder. El bloqueo de las webs piratas, para que sea efectivo, exige que se actúe sobre los DNS y sobre las divisiones IP (aunque una dirección IP se cambia enseguida). Por eso, para lograr el bloqueo real, hay que combinar ambas.
Quien controla todo esto son empresas fundamentalmente norteamericanas. Así que una ley como la SOPA, que les obliga a bloquear páginas webs piratas extranjeras, les supone abandonar esa parte del negocio, que quedaría en manos de prestadores de servicio de otros países, los cuales, al no estar supeditados a la ley norteamericana, "craqueando" y pirateando dichos traductores, pueden ocupar el sitio que ahora tienen.
La polémica (que entró de lleno, incluso, en el debate de los candidatos presidenciales del Partido Republicano a las próximas elecciones presidenciales) había servido también para que los grupos pro libertad de expresión total en internet de todo el mundo y los blog de cierta influencia mediática, se pusieran las pilas, y saltaran a la palestra, tratando de acabar con la SOPA (amenazando con apagones de webs y atacando, incluso, sitios de empresas partidarios de la SOPA).
Pero el tiro les salió por la culata cuando, unos días después, sin previo aviso, y en una operación que involucraba a varios países, el FBI (el equivalente a nuestro Ministerio del Interior) y el Departamento de Justicia norteamericano, cerraban todos los servidores de Megaupload, un portal con 25 millones diarios de visitantes, considerado como uno de los de más tráfico del mundo.
En medio de todo ello, en España, el colectivo Anonymus difundía el 29 de enero los datos personales (emails, teléfonos móviles, direcciones personales, fotografías privadas) de algunos de quienes, en España, se habían manifestado a favor de la aprobación de la ley antipiratería del PP, entre ellos los de Ángeles González Sinde, del actual Ministro de Cultura, José Ignacio Wert, del cantante David Bisbal, de actores como Carlos Bardem (que denominaba "nazis" al colectivo chantajista) o el del Presidente de la Academia, Enrique González Macho.
Megaupload no estaba sola. Era algo así como una muñeca rusa que al ir abriéndola, capa por capa, aparecían nuevas muñecas que envolvían a otras. Y dentro había de todo: películas, música, videojuegos, libros, programas informáticos, pornografía... Y en la mayoría de los casos, sin la autorización de sus dueños. Tras la redada del FBI, los demás "malos" de internet se han puesto a temblar. Pues los palos apuntan a diversos países y continentes (entre ellos el nuestro, y a España en particular).
Lo más impactante, sin embargo, es que esta actuación policial se producía tras la supuesta retirada de "manera definitiva" de la SOPA (Stop Online Piracy Act), una normativa de defensa de los derechos de autor propuesta por el congresista republicano Lamar S. Smith, y arropada por una coalición de congresistas demócratas y republicanos, como el demócrata Patrick Leahey, el independiente Joe Lieberman, el republicano y candidato a las presidenciales de 2008 John McCain, o el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid. Todos ellos en apoyo de la Motion Picture Association of America (MPAA), es decir Hollywood y de la Recording Industry American Association (RIAA), que agrupa a las grandes discográficas y unas 160 empresas más relacionadas con ellas.
La Casa Blanca ha mostrado una postura ambigua, señalando que no estaba de acuerdo del todo con la versión propuesta por el congresista Smith, pero que no se podía tolerar el daño que estaba ocasionando la piratería a la industria del entretenimiento. Daño que la MPAA cifra en unos 48.000 millones de € anuales. Y que la United States Chamber of Commerce cuantifica en 19 millones de puestos de trabajo pendientes de perderse en Estados Unidos, entre este año y el próximo.
El proyecto, que se iba a votar en la Cámara de Representantes estadounidense el pasado 24 de enero, fue retirada in extremis para lograr un consenso entre quienes se sentían perjudicados por sus consecuencias, es decir las empresas prestadoras de servicio. Esta retirada fue presentada por muchos medios de comunicación como permanente y como un fracaso de Smith. Pero la realidad es otra: la SOPA no solo no se retiraba, sino que el propio senador aseguraba que "Se estaba consensuando con quienes se sentían perjudicados y que se volvería a presentar para su votación en un plazo breve".
¿Quiénes son los perjudicados? En principio todas las webs englobadas en Netcoalition.com, una coalición de ciberempresas donde se encuentran, entre otras, Google, Yahoo, Twitter, Facebook, PayPal, AOL, Amazon, Mozilla, Foursquare, Wikipedia, eBay, IAC, LinkedIn, OpenDNS, Flickr y Zynga. Su presidente, Markham Erickson, amenazaba con un apagón digital en Estados Unidos si la SOPA se aprobaba, lo que ocurrió en algunos casos (como los de los portales Reddit, que se oscurecía el 17 de enero, y Wikipedia, un día después).
A favor de la postura defendida por Netcoalition.com, se encontraban diputados republicanos como Jim DeMint o Marco Rubio, inicialmente defensor de la normativa Smith. ("Me preocupa el impacto que la ley puede tener en el acceso a Internet y sobre la poco razonable expansión del poder del gobierno federal"). Y junto a él, la republicana Michelle Bachman, la demócrata Nancy Pelosi o el aspirante presidencial republicano Ron Paul, Los defensores de la SOPA aseguran que "Lo que pretenden es bloquear las webs piratas que existen en el mundo, entre ellas las españolas, chinas y suecas. Para ello obliga a servidores, anunciantes, redes sociales o buscadores a bloquear las webs, e incluso borrar sus direcciones".
En España se ha querido comparar a la SOPA (nombre con la que se le conoce en la Cámara de Representantes, mientras que en el Senado se le ha bautizado con el de PIPA (Protect IP Act) con la Ley Sinde, cosa que no le parece adecuado al presidente de la Coalición de Creadores y responsable de FAP, José Manuel Tourné: "Se la está comparando -nos dice-, con el ánimo de desacreditar nuestra legislación, pero no tiene nada que ver con ella. La nuestra supone un pasito mucho más asimilable a la DMCA (Digital Millenium Copyright Act), una normativa antipiratería aprobada en Estados Unidos en 1999, y a algunas de las legislaciones que ya están en marcha en el resto de los países europeos".
"La legislación que ahora pretende aprobarse con el nombre de SOPA -sigue diciéndonos-, va varios pasos más allá. Primero, otorga más competencias al Departamento de Justicia para que, si hay páginas fuera de USA que vulneran la Ley de Propiedad Intelectual de titulares de derecho estadounidenses, se pueda dirigir a los medios de pago y a los denunciantes para que suspendan su actividad con ellos. Puede interferir, incluso, sus cuentas bancarias. Lo que hace la Ley Sinde española, esencialmente, es corregir el agujero que teníamos en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información en cuanto a la responsabilidad de los prestadores de servicios. Pero nada más".
Tourné se rebela ante el hecho de que los prestadores de servicio se escaqueen. Y afirma: "Los prestadores de servicios de internet en todo el mundo deben actuar en defensa de la legalidad y tienen la obligación, cuando poseen un conocimiento efectivo de que hay una infracción, de impedir el acceso a la página o de desalojarla en su caso".
En España no es así, porque la ley existente hasta ahora, se supeditaba a que hubiera una autoridad competente que estableciera que ese contenido era ilícito. Lo que aporta la normativa que ha aprobado el gobierno del PP (y que se sigue llamando incorrectamente Ley Sinde) es crear la autoridad competente y, a partir de ahí, que la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual se pronuncie sobre si un contenido es ilegal o no, y que sus propietarios puedan tener responsabilidad penal.
Nada pues que ver con la SOPA, salvo, quizá, en que los prestadores de servicio de telecomunicación puedan ser requeridos para bloquear el acceso a una página pirata. Pero en el caso español, solo podría producirse dentro del país (como ocurre con la DMCA, gracias a la cual las páginas piratas que están alojadas en Estados Unidos son perseguida con normalidad), mientras que con la SOPA las autoridades pueden obligar a las empresas prestadoras de servicio de su país que impidan el acceso a sus conciudadanos a las páginas que estén fuera de sus fronteras.
Es una parte de la Ley. Pero hay otras muchas medidas que son las que han levantado la mayor parte de la polémica, como por ejemplo el dirigirse a los medios de pago en internet o a los anunciantes para que dejen de insertar publicidad en estos sitios e, incluso, incurrir en responsabilidades al que ampare con esa publicidad páginas de contenidos piratas. Esto es lo que ha provocado, realmente, ese enorme revuelo, pues ello supone dejar de ingresar mucho dinero.
Otro punto polémico es el referente al control de los DNS (Domain Name System), actualmente en manos de los prestadores de servicio. Los DNS son programas que traducen, en términos alfa-núméricos, las páginas a las que se quiere acceder. El bloqueo de las webs piratas, para que sea efectivo, exige que se actúe sobre los DNS y sobre las divisiones IP (aunque una dirección IP se cambia enseguida). Por eso, para lograr el bloqueo real, hay que combinar ambas.
Quien controla todo esto son empresas fundamentalmente norteamericanas. Así que una ley como la SOPA, que les obliga a bloquear páginas webs piratas extranjeras, les supone abandonar esa parte del negocio, que quedaría en manos de prestadores de servicio de otros países, los cuales, al no estar supeditados a la ley norteamericana, "craqueando" y pirateando dichos traductores, pueden ocupar el sitio que ahora tienen.
La polémica (que entró de lleno, incluso, en el debate de los candidatos presidenciales del Partido Republicano a las próximas elecciones presidenciales) había servido también para que los grupos pro libertad de expresión total en internet de todo el mundo y los blog de cierta influencia mediática, se pusieran las pilas, y saltaran a la palestra, tratando de acabar con la SOPA (amenazando con apagones de webs y atacando, incluso, sitios de empresas partidarios de la SOPA).
Pero el tiro les salió por la culata cuando, unos días después, sin previo aviso, y en una operación que involucraba a varios países, el FBI (el equivalente a nuestro Ministerio del Interior) y el Departamento de Justicia norteamericano, cerraban todos los servidores de Megaupload, un portal con 25 millones diarios de visitantes, considerado como uno de los de más tráfico del mundo.
En medio de todo ello, en España, el colectivo Anonymus difundía el 29 de enero los datos personales (emails, teléfonos móviles, direcciones personales, fotografías privadas) de algunos de quienes, en España, se habían manifestado a favor de la aprobación de la ley antipiratería del PP, entre ellos los de Ángeles González Sinde, del actual Ministro de Cultura, José Ignacio Wert, del cantante David Bisbal, de actores como Carlos Bardem (que denominaba "nazis" al colectivo chantajista) o el del Presidente de la Academia, Enrique González Macho.