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Por fin tenemos una normativa contra la piratería. La que la industria venía pidiendo desde hace muchos años. Los miembros del nuevo Gobierno de Mariano Rajoy y el propio Presidente, en su segundo Consejo de Ministros, no vacilaron en sacar adelante el Reglamento que regula la Comisión de Propiedad Intelectual para el cierre de las páginas web que vulneren el comercio legal de los derechos de autor. El anuncio lo hizo la Vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa del 30 de diciembre pasado, al final de dicha reunión.

Ese mismo día se publicaba en el BOE el Real Decreto 1889/2011 por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual. José Manuel Tourné, Director General de La Coalición y de FAP, ha declarado a nuestra revista que "Las órdenes ministeriales para ponerla en funcionamiento, están prácticamente ultimadas, con lo cual -asegura- no deberían de tardar más de un mes en ponerlas en marcha. Yo confío en que, a partir de principios de febrero, podamos estar presentando las primeras denuncias, y que a principios de marzo tengamos las primeras resoluciones".

Quienes tuvieron ocasión de asistir a la rueda de prensa o verla por televisión en directo -pues había despertado tal expectación que fue retransmitida por varias emisoras-, fueron testigos de la manera con que la Vicepresidenta anunció la noticia de la aprobación del Reglamento, aprobación que nuestro sector esperaba como agua de mayo, y que el Gobierno de Zapatero se negó a incluir en el tramo final de su mandato (ver nuestra edición impresa anterior).

Fue tras el anuncio de las medidas económicas, y casi de pasada, cuando Sáenz de Santamaría se refirió a la regulación, expresando con vehemencia que ya era hora de que España dejara de pertenecer al vergonzoso ranking de países más piratas. "Estamos decididos a proteger los derechos de propiedad intelectual frente al expolio", señaló. E hizo hincapié en que "Solo se actuará con protección judicial, frente a quienes indebidamente hacen negocio contra la piratería".

El hecho de llamar a la que, hasta ahora, se conocía como Ley Sinde con la frase "protección de los derechos de propiedad intelectual" hizo que los periodistas presentes en la rueda de prensa y la mayoría de los oyentes que la escuchaban en directo por radio o televisión, no repararan en que se estaba anunciando la aprobación de la normativa que la industria del audiovisual había venido pidiendo para la regeneración del sector.

Precisamente, por estas fechas, hace un año (ver tmv 191) el Congreso votaba en contra de la Disposición Final Segunda de esta ley, donde se recogían los argumentos favorables que el Gobierno ha aprobado ahora. Este rechazo causó una conmoción tremenda en toda la industria cultural e, incluso entre los diputados del PSOE, PP y CiU, quienes estaban a priori de acuerdo en darle un voto favorable. El fiasco, afortunadamente, fue enmendado por el Senado y, poco después, el 15 de febrero, el Congreso la aprobaba.

Pero no pudo salir de ahí, ya que tras los informes favorables de varias instituciones europeas y nacionales, y el visto bueno de los Consejos de Poder Judicial, de Fiscales y el de Estado, la Ministra de Cultura del Gobierno de Rodríguez Zapatero, Ángeles González Sinde, se encontró con un muro infranqueable de ministros contrarios a la aprobación (principalmente el de Fomento, José Blanco y el de Industria, Miguel Sebastián), así como varias diputadas del PSOE, entre ellas Elena Valenciano y María González Veracruz. Finalmente, y sin presiones de ninguna clase, la aprobación ha llegado ahora, con el PP, tras el aviso que el nuevo Ministro de Cultura (que lo es también de Deporte y Educación), José Ignacio Wert, había hecho unos días antes durante la toma de posesión del Secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle.

La propia González Sinde ha reconocido el valor del nuevo Gobierno, no sin una evidente frustración por no haber terminado ella misma la labor que comenzó. En unas declaraciones a EFE señalaba que la ley aprobada por el PP "Es una buena solución que lo que busca es perseguir a las páginas, que son muchas, que se lucran, y no perseguir al usuario; además va a permitir desarrollar una oferta legal a precios asequibles, a precios competitivos, y el desarrollo de la cultura en la red".

Esa idea es la que el Gobierno de Rajoy ha sacado adelante, sin importarle la reacción de los internautas díscolos, ni de los blogueros que han escrito, por activa y por pasiva, que la LES era una ley contraria a la libertad de información en la red. Todo lo contrario de lo que pensaba el gobierno popular, quien por boca de Wert había manifestado poco antes que "El papel potenciador de la cultura tiene una piedra esencial en el derecho a la propiedad intelectual".

"Sin entrar en concreciones -sigue diciendo-, déjenme que les diga con toda claridad que ninguno de los objetivos que nos hemos planteado es compatible con la existencia de agujeros legales que permitan la desprotección de la propiedad intelectual y el expolio de los creadores. Como queremos ir muy lejos y que exista viabilidad en la creación cultural, vamos a actuar con decisión contra quienes se lucran indebidamente del trabajo intelectual o creativo de otros. Les puedo asegurar que lo vamos a hacer y nada ni nadie nos va a arredrar". Ya nadie lo duda.

Lo que ha sorprendido a muchos expertos del mercado, es el escaso revuelo que ha producido la aprobación en el ámbito de los internautas, blogueros y defensores del "todo gratis" . Aunque algunos internautas, por su cuenta, han criticado la decisión del Gobierno de aprobar el Reglamento, e incluso alguna asociación se haya opuesto a ella con cierto repique, pero sin el arrebato y acritud que lo hicieron cuando le tocaba mover ficha al Gobierno del PSOE, el Real Decreto ha pasado sin mayores problemas si que quienes le atacaron con virulencia hace solo unas semanas, hayan gastado mayores energías.

También ha sorprendido la interpretación (se hablaba de "presión") que algún diario ha hecho de la carta dirigida a Rodríguez Zapatero y sus ministros, a principios de diciembre pasado, por el embajador en Madrid Alan Solomont. En la misma, publicada por El País en su edición del 4 de enero, el embajador muestra su enfado por que en el penúltimo Consejo de Ministros presidido por Zapatero, no se aprobase la normativa.

"El Gobierno de España -señala Solomont- adquirió compromisos ante los dueños de los derechos y ante el Gobierno de Estados Unidos. España no puede permitirse ver cuestionada su credibilidad sobre este asunto. La rampante piratería en Internet daña la economía de España y a sus industrias culturales". La carta señala también que "El Gobierno, por desgracia, ha fracasado a la hora de terminar el trabajo, debido a razones políticas, en detrimento de la reputación y la economía de España".

Fuentes del sector nos han asegurado que la misiva del embajador norteamericano es uno más de los cientos de mensaje, llamadas telefónicas y correos electrónicos que la industria cultural española envió esos días para intentar cambiar la actitud del Gobierno socialista, sin lograrlo. Tmv supo (ver nuestra revista impresa de diciembre) que diversos pesos pesados de La Coalición, donde están integradas las industrias más perjudicadas por la piratería, ejercieron también sus presiones en el entorno de los ministros y del propio Zapatero. Entre ellos, el Presidente del Grupo Planeta, José Manuel Lara, y Enrique Cerezo, Presidente de EGEDA.

Así mismo, diversos actores y escritores reconocidos trataron de hablar con responsables del PSOE para señalarles la preocupación que existía en toda la industria cultural ante la posibilidad de que el Gobierno socialista no aprobara la ley. Uno de ellos nos manifestó que "Resultó imposible hablar con nadie que tuviese responsabilidad ejecutiva en el partido. Todos estaban ocupados". Nuestra fuente es uno de los famosos que apoyaron a Rodríguez Zapatero en su primera investidura. Pero ni él ni otros que también estuvieron en la foto aquel día, pudieron hablar con nadie.
"No es cierto -nos dice un importante ejecutivo de la industria videográfica- que haya habido una única presión, la de Estados Unidos, durante esos últimos días del Gobierno del Zapatero. Hubo muchísimas y, principalmente, españolas, pues somos nosotros los más perjudicados por la piratería en internet".

Otro ejecutivo asegura que "Como mínimo, es una deformación de la realidad señalar, como han hecho algunos, que sólo Estados Unidos haya ejercido presión y que se hable de tutelaje. No ha habido tutelaje de ningún tipo, sino sencillamente cientos de mensajes por parte del sector cinematográfico, musical y del libro, entre otros, para que el Gobierno protegiera a la industria legal".
Nuestra revista ha sabido también la satisfacción del Gobierno popular al ver que apenas han habido reacciones contrarias a la aprobación del Real Decreto. "Hemos tenido en cuenta -nos asegura una fuente del partido- los intereses de la industria cultural, que conocíamos muy bien a través de nuestros contactos durante estos meses de atrás con La Coalición".

Precisamente, en esos momentos, La Coalición estaba presidida por Aldo Olcese, un hombre cercano al PP, y tenía como director a Joan Navarro, próximo al PSOE. Ese equilibrio no pudo conseguir, sin embargo, que el Gobierno de Rodríguez Zapatero desequilibrara su actitud favorable a las descargas ilegales, apoyando a la industria legal".

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