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La UE aprueba cortar el acceso a Internet sin orden judicial previa.

Los Gobiernos de los 27 y el Parlamento han avalado esta iniciativa con el fin de regular el sector de las telecomunicaciones que se encuentra deslocalizado. También se ha pactado un nuevo artículo de protección de los derechos de los internautas, asegurando la fiabilidad de la resolución tomada.

La Unión Europea aprobó que las autoridades administrativas de los Estados miembros puedan cortar el acceso a Internet sin orden judicial previa a los usuarios que descarguen contenidos protegidos por derechos de autor.

Este es el acuerdo al que han llegado los Gobiernos de los 27 pa√≠ses y la Euroc√°mara para reformar la regulaci√≥n del sector de las telecomunicaciones. En Espa√Īa, la legislaci√≥n exige una autorizaci√≥n previa pero el Gobierno estudia cambiar la normativa.

El compromiso fue posible después de que la Eurocámara diera marcha atrás en su defensa de los derechos de los internautas. Finalmente, el Parlamento cedió y acepto que no se requiera autorización judicial previa.

A cambio, la Eurocámara y los Gobiernos pactaron un nuevo artículo de protección de los derechos de los internautas. En él se afirma que las restricciones al acceso a Internet sólo pueden imponerse si son adecuadas, proporcionadas y necesarias en una sociedad democrática.

La eurodiputada socialista Catherine Trautmann, que también formaba parte de la delegación negociadora, destacó que los parlamentarios habían velado no sólo por los intereses de los internautas sino también de los trabajadores, porque a su juicio la falta de una regulación del sector se traduciría en deslocalizaciones de empresas de telecomunicaciones.

La nueva disposición sobre la libertad en Internet representa una gran victoria para los derechos y las libertades de los ciudadanos europeos, dijo por su parte la comisaria responsable de Telecomunicaciones, Viviane Reding.

El acuerdo final todavía debe ser ratificado por los ministros de Telecomunicaciones y por el pleno de la Eurocámara durante el mes de noviembre. Si se cumplen los plazos, podría entrar en vigor a principios de 2010. Los países de la UE tendrán entonces 18 meses para incorporarlo a sus legislaciones nacionales.