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Bruselas, el Paquete Telecom y Londres le abren a Gonz√°lez-Sinde nuevas puertas en la guerra de las descargas de internet

Moncloa buscar√° reactivar las negociaciones entre Redtel y los creadores con la vista puesta en la presidencia de la UE.
Volver√° del verano y de estos meses de silencio con las lanzas en ristre y la vista puesta en los muros exteriores. Gonz√°lez-Sinde deshace sus pasos atr√°s. La ministra renunciaba en junio oficialmente a la penalizaci√≥n al usuario de descargas protegidas y se abrazaba s√≥lo a la amenaza con pisarles los talones a los proveedores, para empezar a una lista negra de 200 webs a las que acusa del 80% de las descargas espa√Īolas. Moncloa le ley√≥ la cartilla y le ha dejado claro que tendr√≠a que conformarse con las leyes que ya existen. Nada de los ajustes en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Informaci√≥n o en la Ley de Enjuiciamiento. Menos a√ļn las sanciones sin juez que trataba de colar en la Ley General Audiovisual, en los predios de la CMT o en el per√≠metro del nuevo Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. Pero Londres y la UE resucitan un fantasma que el mercado y el Consejo galo hab√≠an convertido ya en cad√°ver a los pies de Sarkozy: la propuesta de cortes directos a instancia administrativa a los usuarios que reincidan en descargas ilegales. El retorno de las zancadas de Vivianne Reding con el paquete telecom en ristre le destapa a Cultura y Moncloa el horizonte (todav√≠a lejano) de nuevas gateras legales y sobre todo, nuevos aliados en la UE con los que subirse otra vez al barco anti pirata. La ministra se auto invita a una escena de la que ya la empujaron a salir el repudio de las operadoras de telefon√≠a y los usuarios de internet y las gestiones directas del Secretario de Estado Francisco Ros. Quiere ser la embajadora europea de la guerra al P2P a partir de 2010.
Se enfunda el uniforme de mediadora y deshoja de nuevo la margarita de las propuestas para Redtel (que a√ļna a Telef√≥nica, Vodafone, Orange y Ono). No son otras que las de la Coalici√≥n de Creadores e Industrias de Contenidos (que engloba a las sociedades de gesti√≥n de derechos de autor, productores, discogr√°ficos y distribuidoras). Quiere ser la capitana del abordaje a su propio Pirate Bay espa√Īol y ahora sabe que puede mirar a envidia no s√≥lo a Suecia y al antecedente estadounidense del caso Tenenbaum, Busca recargas para los ca√Īones que Moncloa no ha querido nutrir de munici√≥n administrativa ni la Secretar√≠a de Estado de Comunicaci√≥n ni Industria ven con buenos ojos que la CEMA ejecutara cortes de red sin sentencia judicial. Ser√° s√≥lo por un a√Īo y para coger impulso. Por la v√≠a administrativa la √ļnica que les queda, ahora que han agotado la penal y la civil. Si en un a√Īo no funciona, llegar√° lo que desean: los cortes a la inglesa y los castigos a los usuarios. La industria busca una gatera por la que cumplir el gui√≥n de Washington e impulsar sus propias webs de contenidos que quieren apadrinar, con o sin las operadoras de telefon√≠a.
El barco anti pirata de Sarkozy los cortes a los usuarios de internet no tiene capit√°n en Francia, que aprob√≥ en julio una ley que s√≥lo incluye multas de entre 1.500 y 3.750 euros. La ley Hadopi muri√≥ a domicilio en su dimensi√≥n original, pero se encarna de nuevo allende los Pirineos. El buque ingl√©s restricciones de velocidad y cortes espor√°dicos, ha tenido poco sitio en Espa√Īa y ahora ya no tiene timonel ni siquiera en las aguas de la P√©rfida Albi√≥n. Londres est√° dispuesto a darle la espalda a la Digital Britain que vio la luz el segundo trimestre de 2009: s√≥lo contempla la reducci√≥n de la velocidad de acceso a la red, o desconexiones puntuales (segundos o minutos) para interrumpir las descargas.
Los planes para combatir la piratería en Reino Unido se frenaron tras una consulta elaborada por el Departamento de Negocios Corporativos y Reformas Regulatorias (BERR) que mostró que no había consenso entre los operadores y la industria musical como para justificar una actuación contra los 7 millones de usuarios de internet británicos que comparten archivos en las redes de intercambio P2P. Pero ahora Londres tiene prisas, al menos el ministro de Negocios e Innovación, Lord Peter Mandelson, que ha vuelto de las vacaciones y del encuentro (no tan secreto) con las principales multinacionales de la industria (entre ellas David Geffen, fundador de Asylum Records) con las lanzas en ristre y una propuesta normativa que recuerda a la ley Hadopi francesa: el infractor se quedará sin acceso a la red. Hay prisas. Y presiones.
El gobierno de Gordon Brown no quiere esperar un a√Īo, menos a√ļn hasta 2012 como ped√≠an las operadoras para poner en pie el Plan B tres avisos progresivos antes de la simple rebaja de velocidad de internet. Demasiado tiempo, piensa ahora el ejecutivo brit√°nico, con la mirada atenta a los casi 7 millones de personas intercambian de forma habitual contenidos de Internet salt√°ndose el copyright en Gran Breta√Īa y al tir√≥n de orejas de la administraci√≥n Obama a sus aliados del Thamesis. El organismo regulador de los medios (Ofcom) se encargar√° de instar a las compa√Ī√≠as proveedoras de Internet a que introduzcan medidas t√©cnicas para contrarrestar la pirater√≠a. Si tras el env√≠o de los avisos al usuario √©ste persiste, se cortar√° la conexi√≥n a instancias de Ofcom. Despu√©s, puede llegar el corte definitivo del servicio. Downing Street est√° dispuesto a hacer o√≠dos sordos a las voces del laborismo que advierte que la ley puede violar los derechos b√°sicos del ciudadano y a las quejas de los proveedores de Internet, que consideran que la amenaza de suspender la conexi√≥n de sus clientes supone una respuesta desproporcionada a la pirater√≠a, con un gran coste econ√≥mico y no est√°n dispuestos a cargar con el sombrero de sheriff de la ley en la red de redes.
BRUSELAS NAVEGA DE NUEVO EN EL BUQUE ANTIPIRATA
Reding vuelve a la carga y trata de colar el paquete telecom en las grietas de la transici√≥n de la UE. Dijo adi√≥s en mayo, pero fue un hasta luego. La Comisaria de Telecomunicaciones de los Veintisiete claudic√≥ en las redes del Parlamento, con los a√Īicos de la que iba a ser la nueva era de las telecomunicaciones europeas en las manos. Su empe√Īo en sintonizar con el pulso de Nicol√°s Sarkozy en la contenci√≥n al P2P hicieron estallar el pequete telecom. Fue justamente la propuesta de protecci√≥n jur√≠dica para los usuarios de internet con cerca de un 90% de votos a favor en el Europarlamento lo que devolvi√≥ de nuevo a la mesa de negociaci√≥n antes de los comicios europeos todo el corpus legislativo. Pero Vivianne Reding est√° de regreso. Se salta la consigna de mejor no tocarlo que operadoras, Parlamento y CE acordaron hasta septiembre y vuelve a la mesa con la que estaba llamada a ser la mayor regulaci√≥n de la historia del sector. Busca saltarse el calendario del Paquete Telecom, que tendr√≠a que ser de nuevo examinado en oto√Īo por el comit√© de conciliaci√≥n, en un proceso que requiere la representaci√≥n de miembros del Parlamento y del Consejo. Y con su p√©rtiga, la luxemburguesa trata de rematar el legado de un mandato que no es lo que buscaba. O, al menos, hacer de √©l un peaje mejorado para un nuevo mandato. Se sube a la victoria del partido democristiano luxemburgu√©s, la que le garantiza un sitio en la Euroc√°mara.
Pero la dama de hierro de las comunicaciones apunta m√°s alto. Reding aprovech√≥ la orfandad del Parlamento Europeo reci√©n escogido, para estrenar una consulta p√ļblica sobre su proyecto de regulaci√≥n del acceso a las redes de nueva generaci√≥n de Internet, que permiten una velocidad de descarga de m√°s de 80 megas. Y ahora desenvuelve de nuevo, tambi√©n, las propuestas para la regulaci√≥n de los contenidos de la red de redes que no pudo ver consagradas, tras el rechazo parlamentario a la reforma del sector de las telecomunicaciones al no aceptar la norma que propon√≠a dejar en manos de los Estados la decisi√≥n de permitir o no los cortes de conexi√≥n.
Parlamento y Consejo tienen cinco meses para alcanzar un acuerdo sobre la regulación de las descargas ilegales si aceptan seguir con el consenso del resto del paquete: o tres para que el Consejo adopte su posición en segunda lectura y otros cuatro para la conciliación. Una segunda vía impulsada por Vivianne Reding y la Comisión Europea. Se cuela por las grietas del calendario, el fuera de juego del Europarlamento y las vías abiertas por la regulación del ADSL desde 2012 que Bruselas debe consumar este semestre. Vuelve con el mismo plato que echó por tierra el banquete del paquete telecom y esta vez lo presenta, de nuevo, por la vía de la conciliación, lo justo si prospera para reemplazar la Enmienda 138 que pretendía garantizar que la desconexión de Internet sólo pudiera ser ordenada mediante resolución judicial con una alternativa bosquejada por el Consejo de Ministros mediante el procedimiento de conciliación, un sistema bastante oculto al ciudadano de a pie.
CONTRA LOS MUROS LEGALES
Gonz√°lez Sinde s√≥lo tiene ojos para EEUU. Washington le ha marcado el gui√≥n. Y busca el acuerdo para la venta entre las empresas de telecomunicaci√≥n con los que fabrican los contenidos, ahora que un estudio de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard hace a√Īicos su teor√≠a de los da√Īos del P2P a la producci√≥n cultural: el peer to peer no provoca descensos en las ventas. Al menos no en el mercado estadounidense. Si en 2000, meses despu√©s de la creaci√≥n del programa Napster, se publicaron 35.515 √°lbumes, en 2007 cuando el programa P2P BitTorrent hab√≠a superado en eficacia y velocidad al anterior rey de las descargas, eMule se editaron 79.695 y se realizaron 4.989 filmes, un 30% m√°s en todo el mundo.
La justicia sueca ha condenado a los cuatro responsables del portal The Pirate Bay el tracker de bittorrent m√°s grande del mundo, a un a√Īo de c√°rcel y a una indemnizaci√≥n 30 millones de coronas (2,7 millones de euros) por violar los derechos de la propiedad intelectual. Pero The Pirate Bay, con m√°s de 20 millones de usuarios, sigue funcionando, a pesar de las condenas. Sus cuatro creadores siguen en libertad. Y la compra del portal por parte de Global Gaming Factory X le marca a sus hom√≥logas en la UE la v√≠a alternativa, si la necesitan: impulsar el lanzamiento de un nuevo modelo de negocio que incluya compensaci√≥n a los suministradores de contenido y los due√Īos de la propiedad intelectual. La Corte Regional de Hamburgo (Alemania) ha condenado al servicio de alojamiento de archivos Rapidshare con 24 millones de euros y ha pedido que empiece a filtrar proactivamente contenido protegido por copyright, a instancia de la sociedad de autores GEMA. Pero los 24 millones de euros no eran una multa sino la estimaci√≥n del lucro cesante en m√ļsica subida al hosting. Y, como recuerdan los expertos t√©cnicos, es imposible aplicar un filtro a los ficheros que se suben protegidos por contrase√Īa, hasta el punto de que en Belgica ya hubo una sentencia similar (contra un ISP al que tambi√©n se le exigi√≥ que filtrase lo que circula por su red), y los tribunales rectificaron posteriormente esa decisi√≥n por ser impracticable.
En Espa√Īa, el bloqueo o la intervenci√≥n de las p√°ginas web s√≥lo pueden ser decididos por un juez. Una l√≠nea roja que sintoniza con la √ļltima decisi√≥n del Parlamento Europeo con el paquete telecom. Adem√°s, las descargas de archivos por Internet hoy incluyendo las sujetas a derechos de autor son legales bajo la legislaci√≥n espa√Īola siempre que no se demuestre el √°nimo de lucro. Por lo penal, la mayor√≠a de procesos contra las p√°ginas de enlaces han acabado con el sobreseimiento, como en el emblem√°tico caso de Sharemula. Los jueces han considerado que estas p√°ginas no almacenan archivos y da igual si tienen o no √°nimo de lucro, ya que no existe comunicaci√≥n p√ļblica. Adem√°s, es un requisito que no suele darse (y menos demostrarse) con nitidez.
Y en los escasos procedimientos civiles que se han adelantado en Espa√Īa, los jueces han negado los procedimientos cautelares al considerar que no hay indicios a priori de que se est√© infringiendo la ley de propiedad intelectual. Por eso, agotadas la penal y la civil, la industria de los creadores se aferra a la v√≠a administrativa. Pero incluso ese atajo el cierre por v√≠a no judicial de las p√°ginas requerir√° cambios legislativos en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Informaci√≥n (LSSI), en un art√≠culo de la ley de enjuiciamiento civil o, en su defecto, una gatera en la nueva Ley General Audiovisual. Ni los recelos de la Comisi√≥n del Mercado de las Telecomunicaciones a la que apuntaba la Coalici√≥n a convertirse en sheriff de internet (menos a√ļn ahora que sabe que quedar√° hu√©rfana de competencias audiovisuales) ni el empe√Īo de Moncloa y el Ministerio de Industria por dar a luz el nuevo Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) lo m√°s inmaculado posible obran a favor de los planes de la ministra de Cultura.
LA COMPETENCIA Y EL CANON
Los creadores y la industria espa√Īola de contenidos tratan de hacer de la necesidad virtud: generar su propia competencia y neutralizar a las descargas con las mismas armas que ahora repudian. Siguen el gui√≥n ingl√©s. Lo han hecho, hasta ahora, al ritmo de las presiones de la Casa Rosada que acaban de hacer mella tambi√©n en Downing Street. Demasiadas coincidencias: el objetivo de rebajar en un 70% la pirater√≠a, de dejar en manos del regulador ingl√©s la Ofcom tanto el sistema de avisos como los recortes tecnol√≥gicos; dar un a√Īo de margen antes de comenzar los cortes definitivos y potenciar webs de contenidos de pago que cuenten con el aval de la industria y el impulso de las operadoras. Todas las propuestas de la P√©rfida Albi√≥n eran bien acogidas por la industria espa√Īola. Por eso miran tambi√©n al canon del adsl que el regulador brit√°nico acaba de liberar, con un nuevo impuesto de 6 libras anuales sobre las l√≠neas fijas de telefon√≠a. Y quer√≠an lo mismo: sus deseos apuntan a que no s√≥lo los usuarios, sino las telecos paguen por las arterias de los contenidos que los creadores apadrinan. Ahora, si prospera la iniciativa del Gobierno de Reino Unido cortes sin sentencia judicial para los reincidentes de las descargas de contenidos con copyrigth podr√°n volver a desempolvar las propuestas originales.
Lo sabe la bit√°cora estadounidense que les ha marcado a Ros y Sinde la Casa Blanca a trav√©s de la Alianza Internacional para la Propiedad Intelectual (IIPA): s√≥lo subirse a un buque similar al de los piratas que intentan combatir ser√° eficaz, la producci√≥n de webs de contenidos bajo las riendas y los precios de Cultura y la industria son la √ļnica br√ļjula que Washington espera ver cuando el vicepresidente Joe Biden llegue a tierras espa√Īolas, este trimestre. Pero el abrazo al streaming envenena la cuarta v√≠a de Gonz√°lez-Sinde y la Coalici√≥n: la creaci√≥n de una web que ofrecer√≠a a precio asequible un cat√°logo casi ilimitado y de calidad de pel√≠culas, m√ļsica y videojuegos, y en el que estar√≠an integrados tantos los operadores de telecomunicaciones como las industria de contenidos. Y los recelos de la Coalici√≥n para convertir una oferta atractiva de contenidos en una tienda de contenidos digitales en la red no ayudan a recomponer unos puentes que, hoy por hoy, s√≥lo se levantan con unos ladrillos comunes: la coincidencia en una campa√Īa educativa para los usuarios de internet. Todos los caminos de Gonz√°lez-Sinde conducen al euro. La industria y el Ministerio de Cultura quieren hacer caja: eso es todo lo que podr√≠an asegurarse conseguir de la v√≠a civil contra las webs de enlaces de descargas. Y eso es todo lo que busca su mirada, a medio plazo, con la puerta que comienza Gonz√°lez Sinde a entreabrirle al plan de un canon por el adsl como el que Gran Breta√Īa estrenar√° este a√Īo. Ya avisa la ministra que en 2010 volver√° a poner el debate en la mesa de la Comisi√≥n de Propiedad Intelectual del Congreso.